Autora: Maria Eduarda
Traductora: Lourdes
Imagina lo siguiente: eres un periodista en busca de información y, mientras viajas a la selva amazónica, eres amenazado de muerte y días después los periódicos te dan por desaparecido. Puede parecer el argumento de una telenovela, sin embargo, es la historia real de Dom Phillips, colaborador de periódicos como The New York Times y escritor, que, como muchos otros en busca de información y justicia medioambiental, también fue perseguido. La crisis del clima y de los recursos ha exigido en los últimos tiempos una mayor plataforma para quienes se manifiestan a favor de los movimientos sostenibles, precisamente por la gravedad de sus consecuencias. Aun así, el silenciamiento, la persecución e incluso el asesinato de activistas no alcanza visibilidad en los medios de comunicación.
A primera vista, las estadísticas pueden parecer bajas: 227 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en el año 2020. Sin embargo, es conveniente analizar el contexto detrás de cada vida perdida. En primer lugar, se considera que el activismo ambiental, tanto como agenda social como política, no recibe la merecida notoriedad. Por lo tanto, los ecologistas en el trabajo de campo están más sujetos al riesgo de sus vidas cuando no son apoyados por estados despreocupados por los Derechos Humanos y la sostenibilidad. Como se muestra en la siguiente tabla, los asesinatos de activistas se produjeron en su mayoría en países de América Central y del Sur, que albergan grandes bosques con potencial de explotación, así como comunidades indígenas.
Si se analiza detenidamente el diagrama, es posible establecer una relación entre los motivos de las persecuciones y los países en los que se produjeron, dado que albergan altos índices de tala, minería y agroindustria, muchos de ellos operando de forma ilegal. Se calcula que el 90% de la deforestación en Brasil es ilegal, por lo que la escasa aplicación de las leyes medioambientales se convierte en un incentivo para que continúe esa explotación. En cuanto a la minería de oro no regulada, se causaron unos 429 millones de dólares en daños sociales y medioambientales en la Reserva Indígena Yanomami.
De este modo, se plantea la reflexión: ¿quién debe responsabilizarse? Obviamente los responsables de los delitos deben pagar legalmente, sin embargo existe un sistema que los ampara y sigue justificando la persecución contra el activismo ambiental. A pesar de que la legislación enfocada a la causa sustentable es fuerte en países de gran diversidad como los latinoamericanos, los gobiernos no garantizan la seguridad de los activistas al hacer la "vista gorda" en la vinculación de la persecución con su desarrollo económico, así como en la débil aplicación de sus penas.
Por ejemplo, Brasil tiene una economía basada en la producción agrícola y sus políticos electos no muestran preocupación por métodos menos agresivos ni por la explotación masiva de la Amazonia, y mucho menos por los pueblos indígenas que la habitan. En este sentido, las empresas privadas que siguen siendo favorecidas son, aunque perjudiquen al medio ambiente, aquellas que generan capital. Un gran ejemplo es la empresa Samarco que, en el estado de Minas Gerais, Brasil, fue responsable del que se considera el mayor desastre ambiental de la historia del país: la ruptura de la presa de Mariana en 2015 por negligencia de la empresa.
Por lo tanto, existe la necesidad general de una mayor garantía para la vida de los defensores del medio ambiente, que están en primera línea y pagan por entrometerse en la rentabilidad no regulada del extractivismo. Para apoyar esto, se recomienda que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervenga cuando sea necesario para exigir el cumplimiento de las debidas penas legales y garantizar el camino para alcanzar sus 13 y 15 objetivos de desarrollo . Además, sería prudente que la población investigara y eligiera a los candidatos políticos que luchan por la preservación y la sostenibilidad, lo que llevaría a imponer y juzgar con firmeza a quienes acaban con la vida (aunque sea indirectamente) de los activistas.
Bibliografía:
Statement on Bruno Pereira and Dom Phillips | Global Witness
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/
What’s the cost of illegal mining in Brazil’s Amazon? A new tool calculates it (mongabay.com)
To end illegal deforestation, Brazil may legalize it entirely, experts warn (mongabay.com)
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